Miércoles 24 de Abril de 2013
Una asamblea presidida por Carolina Scotto por la UNC, Rafael Velasco por la UCC y la legisladora Liliana Montero propuso además una red de seguimiento de los establecimientos de salud mental de la provincia y elevar la situación a organismos de Justicia internacionales.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH) evaluó ayer junto a los rectores de la Universidad Nacional de Córdoba y la Católica, el estado de los institutos de salud mental de la provincia a la luz de las serias denuncias presentadas por la legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero.
La asamblea estuvo presidida por Carolina Scotto en representación de la UNC, por Rafael Velasco por la UCC, el abogado especialista en Derechos Humanos, Rubén Arroyo, y la legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero.
Del encuentro surgió un documento de manifestación en el que solicitan al Poder Legislativo la declaración de la emergencia sanitaria en salud mental de la provincia.
Además, propusieron elevar la situación a organismos de justicia internacional como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU.
Quedó establecida, además, la próxima conformación de una comisión que pueda presentarse en territorio para hacer un seguimiento del estado de las instituciones de salud mental en la provincia. La primera visita sería al nosocomio de Bell Ville, donde la legisladora Montero denunció recientemente el deplorable estado de las instalaciones y condiciones de vida de los pacientes allí alojados.
Participaron del encuentro organismos de Derechos Humanos, y de salud mental, referentes Universitarios como la rectora de la UNC, Carolina Scotto, y el rector de la UCC, Rafael Velasco, y miembros de la APDH.
En este marco, se presentó un informe sobre el estado de situación de las instituciones de salud mental de la Provincia y la presentación judicial realizada por la legisladora Montero en el que se denuncia el estado de abandono en el que se encuentran los pacientes del Establecimiento Colonia La Alborada de Bell Ville.
El encuentro tuvo lugar ayer en las instalaciones de la Universidad Católica, adonde confluyeron diversos estamentos dedicados a la lucha por los derechos humanos.
En este sentido, se planteó la necesidad urgente de retomar el tema de los Derechos Humanos en la salud mental en Córdoba, con la intención de no dejar que la problemática se diluya una vez que desaparezca de la agenda mediática.
El alarmante estado de los institutos de salud mental provinciales saltó a la luz tras la denuncia por desamparo de pacientes psiquiátricos realizada por la legisladora del Frente Cívico.
Liliana Montero presentó una denuncia en la Justicia contra funcionarios provinciales por el desamparo “moral y material” de enfermos psiquiátricos internados en centros de salud.
La presentación recayó en la Fiscalía del Distrino 1 Turno 3, a cargo del fiscal José Mana, siendo el abogado patrocinante de la legisladora, Carlos Nayi, quien precisó que la denuncia penal es por la “probable comisión del delito de abandono de persona y violación a los deberes de funcionario público”.
La asamblea estuvo presidida por Carolina Scotto en representación de la UNC, por Rafael Velasco por la UCC, el abogado especialista en Derechos Humanos, Rubén Arroyo, y la legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero.
Del encuentro surgió un documento de manifestación en el que solicitan al Poder Legislativo la declaración de la emergencia sanitaria en salud mental de la provincia.
Además, propusieron elevar la situación a organismos de justicia internacional como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU.
Quedó establecida, además, la próxima conformación de una comisión que pueda presentarse en territorio para hacer un seguimiento del estado de las instituciones de salud mental en la provincia. La primera visita sería al nosocomio de Bell Ville, donde la legisladora Montero denunció recientemente el deplorable estado de las instalaciones y condiciones de vida de los pacientes allí alojados.
Participaron del encuentro organismos de Derechos Humanos, y de salud mental, referentes Universitarios como la rectora de la UNC, Carolina Scotto, y el rector de la UCC, Rafael Velasco, y miembros de la APDH.
En este marco, se presentó un informe sobre el estado de situación de las instituciones de salud mental de la Provincia y la presentación judicial realizada por la legisladora Montero en el que se denuncia el estado de abandono en el que se encuentran los pacientes del Establecimiento Colonia La Alborada de Bell Ville.
El encuentro tuvo lugar ayer en las instalaciones de la Universidad Católica, adonde confluyeron diversos estamentos dedicados a la lucha por los derechos humanos.
En este sentido, se planteó la necesidad urgente de retomar el tema de los Derechos Humanos en la salud mental en Córdoba, con la intención de no dejar que la problemática se diluya una vez que desaparezca de la agenda mediática.
El alarmante estado de los institutos de salud mental provinciales saltó a la luz tras la denuncia por desamparo de pacientes psiquiátricos realizada por la legisladora del Frente Cívico.
Liliana Montero presentó una denuncia en la Justicia contra funcionarios provinciales por el desamparo “moral y material” de enfermos psiquiátricos internados en centros de salud.
La presentación recayó en la Fiscalía del Distrino 1 Turno 3, a cargo del fiscal José Mana, siendo el abogado patrocinante de la legisladora, Carlos Nayi, quien precisó que la denuncia penal es por la “probable comisión del delito de abandono de persona y violación a los deberes de funcionario público”.
